Un informe pone cifras a los abusos en la Iglesia
La investigación del Defensor del Pueblo estima que hay cientos de miles de víctimas que han sufrido abusos sexuales en la Iglesia católica española
La investigación del Defensor del Pueblo estima que hay cientos de miles de víctimas que han sufrido abusos sexuales en la Iglesia católica española
El Defensor del Pueblo en España, Ángel Gabilondo, ha entregado al Congreso su informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. La investigación, de más de 700 páginas, denuncia que esta problemática tiene un impacto devastador en las víctimas y que la Iglesia ha dado una respuesta insuficiente.
Para realizar el informe se ha contado con entrevistas a 8.000 personas y los testimonios de 487 víctimas. Los resultados de la encuesta revelan que el 1,13% de los españoles mayores de edad asegura haber sufrido abusos en el ámbito religioso. De esas víctimas, un 0,6% lo sufrió a manos de un sacerdote o religioso.
Un 97% de las víctimas fue abusada sexualmente mientras era menor de edad, siendo el abuso más común los tocamientos sin consentimiento. En las entrevistas, las víctimas confiesan que el abuso provocó consecuencias directas en su vida personal (como las ideas suicidas, el consumo de sustancias o el rechazo al contacto físico).
El texto ha analizado las respuestas ofrecidas por parte de la propia Iglesia y concluye que la institución ha negado, ocultado y minimizado el problema durante mucho tiempo. Además, denuncia que los poderes públicos no cuentan con los procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a estos casos.
El Defensor del Pueblo propone una serie de recomendaciones, como crear un fondo estatal para compensar económicamente a las víctimas. También es fundamental que la Iglesia católica ponga los medios necesarios para ayudar a las víctimas, ofrezcan a los investigadores la información que tienen, y apliquen medidas para prevenir los abusos.
El papel del Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo, encargado de hacer este informe, es una figura clave en España que actúa como mediador independiente entre el ciudadano y la Administración Pública. Es elegido por las Cortes Generales, que están compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado, y su mandato dura cinco años.
A diferencia de otros cargos, el Defensor del Pueblo no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad. Es decir, su figura no está sujeta a la influencia directa del Gobierno, por lo que se espera que desempeñe sus funciones y tareas con total independencia e imparcialidad.
Su función principal es velar por la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, asegurando que las actuaciones de las autoridades y la administración pública no vulneren esos derechos. Para ello, recibe y examina quejas y reclamaciones de la población.
Además, tiene la autoridad para investigar casos específicos y emitir recomendaciones a las autoridades para resolver problemas y situaciones en las que los derechos de los ciudadanos se vean afectados. Para ello, suele redactar informes y plantear propuestas al Parlamento para mejorar la legislación y las políticas públicas.
Es lo que ha ocurrido con su última investigación. En marzo de 2022, el Congreso encomendó al Defensor del Pueblo la creación de una Comisión independiente y la elaboración de un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.
La respuesta de la Iglesia
Los escándalos de abusos han perjudicado la reputación de la Iglesia y han supuesto un gran reto para el papa Francisco. En los últimos años, el pontífice se ha mostrado públicamente preocupado por esta problemática y ha impulsado nuevas medidas para intentar hacer frente a la pederastia infantil en el clero.
Ha aprobado más protocolos internos para investigar estos casos y responsabilizar a los cargos más altos de la Iglesia. En 2021, se reformó el Código de derecho canónico, un documento que recoge las normas que regulan la Iglesia católica. El texto define la pederastia como “un delito contra la dignidad humana” que puede acabar con la expulsión de los religiosos abusadores.
El papa también ha enfatizado la importancia de la transparencia y la cooperación con las autoridades civiles en la investigación. Además, ha pedido perdón mediante cartas, homilías y visitas a lugares afectados por los abusos cometidos.
Todo esto representa un cambio significativo en la actitud de la Iglesia, que en el pasado había sido criticada por su falta de colaboración en casos similares.
No obstante, las víctimas piden una mayor transparencia y medidas más estrictas para prevenir futuros casos y destituir de la Iglesia a los responsables. Esto implica una revisión más rigurosa de los candidatos que quieren convertirse en sacerdotes y la implementación de programas de concienciación en toda la Iglesia.