La detención del rapero Pablo Hasél
El rapero Pablo Hasél entra en prisión en medio de protestas en las calles y críticas de las organizaciones de derechos humanos
El rapero Pablo Hasél entra en prisión en medio de protestas en las calles y críticas de las organizaciones de derechos humanos
La detención y entrada en prisión del rapero catalán Pablo Hasél ha provocado una ola de protestas en varias ciudades de España y la condena de diferentes organizaciones de derechos humanos, que critican la falta de libertad de expresión en el país.
Hasél fue juzgado en 2018 por el contenido de algunos tuits y letras de canciones en los que atacaba a la policía y a la monarquía española. Un juez lo condenó a 9 meses de prisión y 30.000 euros de multa por los delitos de «enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a instituciones estatales».
En aquel momento Hasél recurrió la decisión y su caso fue pasando a tribunales de mayor rango. Hasta que, en junio de 2020, el Tribunal Supremo (TS) ratificó la sentencia. Al ser una condena confirmada por el TS, el máximo órgano judicial en España, estaba obligado a cumplirla.
El rapero tenía hasta el 12 de febrero para entregarse ante las autoridades e ingresar en prisión, pero decidió no hacerlo para mostrar su disconformidad con la sentencia.
El lunes 15 de febrero se encerró en la Universitat de Lleida, su ciudad natal, con una treintena de jóvenes que le apoyaban. La policía entró a la fuerza al día siguiente para detenerle y llevarlo a prisión.
A raíz de la detención de Pablo Hasél se convocaron manifestaciones en varias ciudades españolas para reclamar su liberación. En algunos casos, estas protestas han acabado con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, algunos de los cuales quemaron mobiliario público y destrozaron locales comerciales.
Hasél ya fue condenado en 2014 por enaltecimiento del terrorismo a causa de unas canciones que subió a la plataforma YouTube. En aquella ocasión, la fiscalía (abogados del Estado que actúan como acusación) consideró que las letras defendían la actuación de grupos terroristas como ETA, Terra Lliure o Al Qaeda. Esta sentencia fue suspendida en 2019 porque Hasél no tenía antecedentes y la condena no superaba los dos años.
Una condena desproporcionada
El caso de Pablo Hasél ha provocado un gran debate sobre los límites de la libertad de expresión. La acusación considera que las letras de Hasél son ofensivas y apelan a la violencia, mientras que la defensa del músico defiende que se trata solamente de ideas y que, como tal, no pueden castigarse por el mero hecho de ser expresadas.
Además de las protestas ciudadanas, más de 200 personalidades del mundo del cine, la música o el teatro español han firmado un manifiesto en apoyo al músico donde señalan que «el Estado español ha pasado a encabezar la lista de países que más artistas ha represaliado por el contenido de sus canciones».
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional también han denunciado que el encarcelamiento de Hasél resulta “injusto y desproporcionado” y reclaman que el gobierno español elimine los artículos del código penal que amenazan la libertad de expresión.
En las calles también han aparecido varios grafitis denunciando la actuación de la justicia y pidiendo la liberación del rapero.
¿Una nueva ley para garantizar la libertad de expresión?
En 2005, el gobierno español liderado por el PP aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Esta ley fue muy criticada porque algunos sectores de la sociedad consideraron que atacaba el derecho a manifestación y la libertad de expresión.
La Ley Mordaza castiga el consumo o tenencia de drogas en la vía pública y también ha servido para multar a las personas que se saltaban el confinamiento durante la pandemia. Pero también impide convocar manifestaciones que no hayan sido comunicadas previamente a las autoridades y prohíbe filmar a policías en la calle (aunque estén cargando en una protesta, por ejemplo).
La reforma del código penal promovida por la Ley Mordaza también incluye los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y a las instituciones del estado por los que se ha condenado a Pablo Hasél.
En los últimos años, varios casos similares han provocado polémica. La tuitera Cassandra Vera, condenada a un año de cárcel por burlarse en un tuit sobre el asesinato del ministro franquista Luis Carrero Blanco (finalmente fue absuelta), o los dos titiriteros de Madrid que fueron encarcelados cinco días por mostrar un cártel donde se leía “Gora Alka-Eta” en un espectáculo infantil.
El gobierno actual, formado por una coalición entre el Partido Socialista y Podemos, ha anunciado que está preparando una propuesta para modificar los delitos relacionados con la libertad de expresión. De esta forma, este tipo de mensajes no serían castigados con la cárcel porque se considerarían una manifestación cultural o artística.