Indultos para los líderes independentistas catalanes
El gobierno español perdonará el resto de la condena de cárcel a los líderes del proceso independentista en Catalunya.
El gobierno español perdonará el resto de la condena de cárcel a los líderes del proceso independentista en Catalunya
El presidente español, Pedro Sánchez, ha anunciado la decisión de indultar a los nueve líderes independentistas catalanes que están en prisión desde otoño de 2017, acusados de delitos de desobediencia y cumpliendo penas de prisión de entre 9 y 13 años.
El gobierno español ha tomado esta decisión para mejorar las relaciones con Catalunya, una región donde el movimiento independentista ha ganado influencia en los últimos años.
El 1 de octubre de 2017, el gobierno catalán decidió organizar un referéndum de independencia a pesar de la negativa del gobierno español. Se enviaron miles de agentes de policía desde diferentes partes de España a Catalunya para impedir el referéndum, pero la votación se llevó a cabo igualmente, en medio de fuertes enfrentamientos y cargas policiales.
Semanas después, la justicia española ordenó detener a los líderes de dos entidades independentistas que habían participado en la organización del referéndum y a diez miembros del gobierno. El juicio se desarrolló durante los primeros meses de 2019 y nueve de ellos fueron encarcelados.
El indulto a los líderes independentistas ha dividido a la sociedad catalana y española. Una parte considera que los líderes políticos desafiaron las leyes y la unidad de España, y que por eso merecían ser juzgados y condenados. Este sector más conservador está representado por el Partido Popular y el partido de ultraderecha VOX, que organizaron una manifestación con miles de personas en contra de los indultos.
Por otro lado, la mayoría de la sociedad catalana y una parte de la sociedad española creen que la pena de cárcel es desproporcionada y que el referéndum formaba parte de la libertad de expresión. Así se han manifestado también organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.
El Consejo de Europa, un órgano que vela por el cumplimiento del Estado de Derecho y los derechos humanos en la Unión Europea, ha emitido un informe no vinculante (de cumplimiento no obligatorio) en el que apoya los indultos anunciados por Pedro Sánchez, pero también critica la falta de libertad de expresión en España y pide reformas en el código penal.
¿Cómo funcionan los indultos?
Un indulto es una medida de gracia por la que el Estado perdona el cumplimiento de una condena, una parte o en su totalidad. El indulto implica anular la condena pero no el delito, por lo que los acusados seguirán inhabilitados y no podrán dedicarse a la política durante el tiempo que establecía la condena.
Según la Constitución española, los indultos deben ser individuales (no pueden aplicarse de forma general a un colectivo) y deben estar ratificados por el Rey, que es el jefe de Estado en una monarquía parlamentaria como es España.
El proceso de petición de indulto incluye también un informe del tribunal que emitió la sentencia. En este caso, el Tribunal Supremo emitió un informe contrario a los indultos, pero ese documento no es vinculante, de manera que el gobierno español ha decidido seguir adelante y perdonar a los presos.
Por otro lado, los líderes independentistas y sus abogados reclamaban una amnistía: otra medida de gracia contemplada por la ley que perdona el delito. Eso supondría que los presos quedarían exentos de cumplir su condena y, además, no tendrían antecedentes penales y podrían volver a la política.
El conflicto de los presos políticos
Desde que los líderes independentistas fueron encarcelados, ha habido un debate público sobre si debían ser considerados o no presos políticos. A grandes rasgos, un preso político es una persona que es encarcelada por sus ideas, pero no existe una definición universal en el derecho internacional.
Según el Consejo de Europa, una persona puede considerarse presa política si su detención se ha llevado a cabo por motivos políticos sin relación a ningún delito, o si las condiciones y duración de su condena son claramente desproporcionadas a los delitos imputados.
En ese sentido, cada parte tiene su propia visión sobre los hechos. Los independentistas catalanes creen que los presos no cometieron ningún delito (organizaron un referéndum basado en la libertad de expresión) y consideran que las penas de 9 a 13 años de cárcel son desmesuradas.
Por su parte, el gobierno y el sistema judicial español consideran que los miembros del gobierno catalán violaron la ley y cometieron un delito grave al organizar un referéndum no autorizado, cuyo resultado podía afectar a la unidad del territorio español, que es uno de los elementos clave de la Constitución española.
El debate ha llegado también hasta la Unión Europea. El informe del Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa reconoce que los políticos independentistas actuaron fuera de la ley, pero también que las penas son desproporcionadas. Este órgano no tiene potestad sobre la política interior de los Estados miembros, así que la decisión final dependerá del gobierno español.